Qué piensan sectores de la sociedad civil sobre el gobierno de Lula un año después de la asunción

Cuando asumió para cumplir su tercer mandato al frente del gobierno federal brasileño, el 1 de enero de 2023, el presidente Lula da Silva invitó a representantes de ocho segmentos civiles que lo acompañaron en el camino para subir a la rampa del Palacio do Planalto. Se trataba de dirigentes de las categorías de artesanos, recolectores, profesores, metalúrgicos y cocineros, además de un deportista de 10 años, un militante de la lucha anticapacitista y el icónico cacique Raoni Metuktire, de 90 años, una de las principales voces del movimiento indígena en Brasil y una figura reconocida en diferentes partes del mundo.

A exactamente un año de la escena que marcó la historia del país, Brasil de Fato buscó escuchar a algunos referentes de estos grupos para saber cómo evalúan el desempeño de la gestión de Lula hasta el momento, considerando aspectos como avances, cuellos de botella y también posibles retrocesos. A continuación, los aspectos más destacados de cada sector consultado.

Personas con deficiencia

Rubens Linhares, activista histórico de la agenda de las personas con discapacidad, siguió de cerca los pasos de la administración federal en este primer año de gestión. Entre otras cosas, el militante ingresó al núcleo de derechos humanos del gobierno de transición, luego de las elecciones de 2022, con la responsabilidad de cuidar la agenda del segmento. Trabaja en la Asociación de Personas con Discapacidad de Pirambu, en Fortaleza (Ceará), y también en la Asociación de Personas con Discapacidad de Maracanaú (Ceará). Linhares afirma que, a partir de 2023, se abre una "perspectiva de avance" en las políticas de inclusión, consideradas prioritarias en la zona.

"Esto ya lo vemos en el tema de la educación inclusiva del MEC [Ministerio de Educación], en la cuestión de la evaluación biopsicosocial, sobre la cual el gobierno viene haciendo estudios, en el tema de la política de cuidados, que también es tema de debate [en la gestión], y sobre el tema del Plano Viver sem Limites II. Todo esto es un paquete que abre el horizonte de una nueva era, un nuevo tiempo para las personas con discapacidad."

Rubens Linhares, más conocido como "Rubinho", tiene enanismo y trabaja en entidades civiles de Ceará dirigidas a personas con discapacidad. / Divulgación

Linhares también menciona el regreso de la Conferencia Nacional sobre los Derechos de la Persona con Discapacidad, cuya última edición tuvo lugar en abril de 2016, que discute y propone políticas públicas. El evento fue objeto de una ordenanza publicada en abril por el Ministerio de Derechos Humanos y Ciudadanía, que estipula plazos para las conferencias municipales y estatales para que la edición nacional del evento pueda realizarse en julio de 2024. "Tenemos un lema: 'nada sobre nosotros sin nosotros'. Nuestra conferencia nacional es algo que responde a esta idea de que participemos en las cosas", afirma el activista.

Señala también la existencia de desafíos que aún esperan una acción incisiva del gobierno en la llamada "Atención Educativa Especializada (AEE)", política que prevé el desarrollo de recursos pedagógicos y de accesibilidad que ayuden a eliminar barreras para el mantenimiento de la educación de estudiantes con discapacidad en el sistema educativo regular. "Es muy duro escuchar a una madre decir que, cuando llega a la escuela, su hijo está solo en el patio o en la biblioteca. Se debe mejorar la educación inclusiva en el proceso de formación. Desgraciadamente, nuestra situación todavía deja mucho que desear. Incluso la formación en las universidades debe mejorar, es decir, los educadores deben salir de allí preparados para afrontar esto", sostiene Rubens Linhares.

Movimiento negro

La Coordinación Nacional para la Articulación de Comunidades Negras Rurales Quilombolas (CONAQ), evalúa que el gobierno dio pasos positivos al tomar medidas como la institución del Programa Aquilomba Brasil, en marzo de 2023. La política está coordinada por el Ministerio de Igualdad Racial, que fue recreado por Lula en enero de 2023, y tiene como objetivo promover medidas intersectoriales que favorezcan los derechos de esta parte de la población.

La entidad también dice que ve avances en algunos frentes de la Empresa Nacional de Abastecimiento (CONAB) y en la convocatoria pública del Programa Nacional de Vivienda Rural (PNHR), un brazo del programa Minha Casa Minha Vida que busca subsidiar la producción o renovación de propiedades para trabajadores rurales. Pese a ello, la organización considera que siente una falta de "voluntad política" por parte de la gestión para avanzar en otras direcciones.

Biko Rodrigues, coordinador de CONAQ, dice que el sector viene pidiendo la revisión de las instrucciones normativas (IN) del Instituto Nacional de Colonización y Reforma Agraria (INCRA) que burocratizan el proceso de regularización de tierras quilombolas, pero hasta ahora no ha tenido éxito. Entre las demandas se encuentran la IN 57/2009, publicada durante el segundo gobierno de Lula, y la IN 128/2022, heredada del gobierno de Bolsonaro.

"Entendemos que el momento está marcado por el presupuesto que dejó la administración anterior, pero necesitamos avanzar en estos procesos, que no exigen recursos, sino voluntad política para hacerlo", dice Biko. De los 5.994 territorios quilombolas del país, el 97% está pendiente de regularización. El dirigente menciona que hay un cuello de botella sin avances aún en la inclusión de los territorios quilombolas en el registro del Programa Nacional de Reforma Agraria (PNRA).

Anielle Franco, ministra de Igualdad Racial / EVARISTO SA / AFP

"Las comunidades quilombolas han sido un público objetivo de la reforma agraria desde 2004, pero aun así existe una postura dentro de las estructuras del INCRA de no aceptar a las comunidades quilombolas como público objetivo de la reforma agraria. Hoy somos, de hecho, el mayor público atendido por el programa, según las reglas del Registro Único (CadÚnico), por eso debemos avanzar", destaca el dirigente de CONAQ.

La Coalición Negra por los Derechos, que agrupa a 292 organizaciones de la sociedad civil interesadas en la agenda de igualdad racial, añade algunos aspectos a la evaluación del primer año de gestión de Lula. El regreso del Ministerio de Igualdad Racial, fundado en 2003 por Lula y extinguido en 2016 por Michel Temer, en una etapa en la que ya se había fusionado con otras secretarías en el área de derechos humanos por decisión de Dilma Rousseff, se considera un punto álgido. La Coalición, sin embargo, analiza que la cartera carece de transparencia.

"Dicen que el presupuesto es un gran problema para el ministerio, pero la verdad es que este tema nunca ha sido destacado públicamente desde el punto de vista de su magnitud. Hago la crítica de que nunca sabemos cuánto necesitamos y cuánto no tenemos todavía. Ahora bien, el presupuesto tampoco puede ser una justificación para no hacer ciertas cosas", afirma la historiadora y consultora Wania Sant'Anna, que forma parte de la Coalición. Considera que las acciones del Ejecutivo brasileño en la búsqueda por igualdad racial también carecen de voluntad política en algunos frentes.

"En 2023, hicimos una campaña para que el presidente nominara a una mujer negra para el STF [Supremo Tribunal Federal], por ejemplo. Nadie [del gobierno] vino a hablar con nosotros y estoy segura de que sus pares políticos sabían de la existencia de la campaña. La pregunta que queda en el aire es: ¿por qué no hubo diálogo? No quiero decir que necesariamente tendremos resultados, pero el diálogo es importante".

Indígenas

El año 2023 también estuvo marcado por una fuerte relación institucional entre el gobierno y el movimiento indígena organizado. Además de crear oficialmente el Ministerio de los Pueblos Indígenas (MPI), una primicia en la arquitectura administrativa del Ejecutivo brasileño, el gobierno de Lula invitó a Sônia Guajajara, hasta entonces miembro de la cumbre de la Articulación de los Pueblos Indígenas de Brasil (APIB), al liderazgo de la cartera, principal entidad representante del segmento. Dinaman Tuxá, de la coordinación ejecutiva del organismo, considera "positiva" la creación del MPI.

Entre otras cosas, comenta que la existencia del ministerio contribuyó a llamar la atención sobre aspectos importantes de la agenda indígena. Uno de ellos fue el reconocimiento de la crisis humanitaria en las comunidades de la Tierra Indígena Yanomami, en Roraima. En enero, el gobierno declaró el estado de calamidad pública en la zona y comenzó a promover acciones de socorro para la población local. Otro punto destacado fue el viaje de Sônia Guajajara a diferentes territorios a lo largo del año, en una actitud que interrumpió años de falta de diálogo entre el gobierno federal y el segmento.

"La visita de un ministro a estos lugares termina movilizando al Estado para asistir a los pueblos indígenas en sus necesidades. La demarcación de tierras es una competencia federal, pero hay otras que pueden venir de otros órganos porque somos ciudadanos, tanto es así que también participamos en el proceso electoral", ilustra Tuxá. Destaca, sin embargo, que la limitación presupuestaria del MPI terminó dictando el ritmo y el diseño de las acciones de la carpeta.

La tesis del marco temporal se convirtió en un punto delicado para el gobierno, especialmente a finales de año, cuando el Congreso anuló los vetos de Lula al proyecto de ley aprobado; APIB señala inacción de la gestión del Partido de los Trabajadores en la agenda. / Leopoldo Silva/Agência Senado

"Es muy positivo el espacio institucional dentro de una estructura de Estado de alto nivel, si tiene estructura. Al no estar dentro del presupuesto, el ministerio no pudo desarrollar acciones que se reflejaran en los territorios. En este primer año lo que vimos fue un ministerio de articulación, de movilización dentro de la estructura del Estado, pero no de implementación. No vimos acciones realizadas por el ministerio, ni en colaboración con otros ministerios, dentro de los territorios. Aún no es un ministerio que haya logrado implementar políticas públicas."

APIB también señala otras cuestiones. "Tuvimos dificultades para dialogar, acceder [al gobierno] e implementar lo prometido por el presidente durante la campaña. Tuvimos avances, con las seis tierras que fueron demarcadas, lo reconocemos, pero todavía falta mejorar [la gestión]. Se podrían haber hecho cosas sencillas y no se hicieron, como la revocación de dictámenes y ordenanzas", destaca Tuxá.

El dirigente cita como ejemplo el mantenimiento del Dictamen N° 001/2017, de la Abogacía General de la República (AGU), que aporta argumentos en defensa de la tesis del marco temporal. El documento fue editado por el gobierno de Temer y enviado, en su momento, al Supremo Tribunal Federal (STF) para fijar una posición en el debate sobre el tema.

Tuxá también destaca que la postura de la dirección del Partido de los Trabajadores ante el proyecto de ley que institucionaliza el marco temporal molestó a APIB. Aunque el presidente vetó parte de la propuesta aprobada por el Congreso Nacional, la entidad considera que faltó interés de la gestión en evitar que los vetos fueran revocados cuando los parlamentarios votaron nuevamente la materia, el 14 de diciembre.

"Podríamos haber tenido un mayor compromiso por parte del Palacio do Planalto [el palacio presidencial] respecto a la permanencia de los vetos en la votación en el Congreso. Esto no sucedió, entonces tuvimos un retroceso en nuestros derechos. Intentamos varias veces dialogar con la Casa Civil y otros ministerios ubicados en el Planalto para tratar de articular con ellos una estrategia para mantener los vetos, pero ni siquiera respondieron nuestros correos electrónicos. Somos aliados del gobierno, pero no somos sumisos, por eso es importante resaltarlo aquí", enfatiza el representante de APIB.

Recolectores de residuos

En cuanto a la agenda de los trabajadores que se desempeñan en el área de reciclaje, este sector menciona la reactivación del antiguo programa Pró-Catador, extinguido por el gobierno de Bolsonaro, y la institución del Programa Diogo Sant'Ana Pró-Catadoras e Catadores para a Reciclagem Popular. La política apunta a articular, en todos los niveles federativos, proyectos de la administración pública que promuevan los derechos humanos del segmento. El gobierno de Lula también puso fin a Recicla+, proyecto creado por el gobierno anterior. El Movimiento Nacional de Recolectores de Materiales Reciclables (MNCR) afirma que la extinción de esa política fue una demanda de la categoría.

"Fue un proyecto construido por el gobierno de Bolsonaro con empresas privadas y, por ejemplo, hablaban de cerrar basurales, pero no hablaban de incluir a los recolectores en esto. Antes de cerrar los basurales hay que incluir a los recolectores, implementar recogidas selectivas, depósitos de reciclaje, pero nada de eso estaba previsto", dice Alex Cardoso, del equipo de coordinación nacional del MNCR. La organización engloba un total de 1.590 cooperativas y asociaciones del sector, que agrupan a 89 mil trabajadores.

Una encuesta de 2022 de la plataforma Cataki mostró que los recolectores autónomos recolectan 1,6 veces más materiales reciclables en São Paulo que la recogida selectiva de la intendencia de la capital. / Ravena Rosa/Agência Brasil

El año también estuvo marcado por la reactivación del Comité Interministerial para la Inclusión Socioeconómica de las Recolectoras y Recolectores de Materiales Reutilizables y Reciclables, responsable del monitoreo del Pró-Catador. Consultado sobre la marcha de esas y otras políticas, el MNCR dice entender que el año fue una etapa de reactivación de la agenda de la categoría. La entidad destaca que la falta de presupuesto fue un obstáculo para las acciones dirigidas al sector.

"La primera medida fue la creación del programa y con ello se pudo empezar a recibir recursos, pero como había una dificultad enorme en términos de fondos de inversión, seguimos construyendo proyectos y ahora, en la Navidad de los recolectores [el 22 de diciembre], el gobierno firmó uno de los primeros proyectos con recursos específicos para los recicladores, que fue el programa Cataforte", dice el dirigente, citando uno de los ejes de acción de un acuerdo recientemente anunciado que incluye diferentes acciones dirigidas al segmento. Cataforte planea realizar una convocatoria –aún por lanzar– para incentivar la capacitación de recolectores.

"Ante la dificultad para conseguir recursos para el área, este fue un año de mucha más articulación. Tuvimos muchas agendas con el gobierno, por ejemplo. Volvimos a tener agendas, en este caso, porque en la administración anterior no había nada en relación a los recolectores, ya que toda nuestra agenda fue eliminada. Lo más importante fue ver a los recolectores como parte del Estado. Para el próximo año, uno de los desafíos es que podamos avanzar en la agenda que prevé el pago por servicios ambientales a los recolectores", concluye Alex Cardoso.