Políticos, militares y traficantes: ¿quién retrasa la expulsión de los mineros de la tierra indígena yanomami en Brasil?

"No sé cómo sería hoy si Bolsonaro hubiese sido reelegido. Pienso que la tierra yanomami y el pueblo yanomami hubieran sido exterminados", analiza Maurício Ye'kwana, miembro de la Hutukara Associación Yanomami, principal entidad representativa del territorio. El líder considera que el fin del gobierno de Jair Bolsonaro fue fundamental para frenar el genocidio indígena provocado por la minería clandestina. Ha disminuido la deforestación, se ha ampliado la atención de la salud y un número importante de invasores han dejado la tierra indígena. Las grietas y cráteres abiertos en el bosque para extraer el mineral ya no avanzan.

Sin embargo, un inédito informe divulgado por asociaciones yanomami y ye'kwana este miércoles 2 afirma que aún persisten invasores en el territorio, provocando inestabilidad e inseguridad. El documento está firmado por la Hutukara Asociación Yanomami (HAY), la Asociación Wanasseduume Ye'kwana (SEDUUME) y la Urihi Asociación Yanomami. Estas organizaciones indígenas explican cómo políticos, militares y facciones criminales contribuyen a desbaratar y retrasar aún más el proceso de expulsión de los mineros, que se arrastra desde febrero de este año. Además, señalan caminos para mejorar y ampliar las acciones de salud, ayuda humanitaria y restauración de la seguridad alimentaria, sin las cuales será imposible reconstruir el modo de vida de los habitantes que ocupan la región hace mil años.

"Tal vez se podría considerar un 70% de evolución positiva después de 6 meses. Pero sigue siendo necesario mirar más hacia dentro de la tierra yanomami. [La gestión federal] necesita mantener este diálogo con las organizaciones indígenas. Porque si el gobierno simplemente entra y trata de hacer algo, no va a lograrlo. No sin la presencia de las organizaciones indígenas que están allí", argumenta Maurício Ye'kwana.

En una nota, el Ministerio de los Pueblos Indígenas (MPI) brasileño reconoció que aún quedan cuestiones por resolver en torno a la Tierra Indígena Yanomami, pero afirmó que la reconstrucción del daño que se produjo durante años de abandono lleva algún tiempo. "Aún así, podemos decir que el trato que se le da no solo a los yanomamis, sino a todos los pueblos indígenas, ha cambiado para mejor", enfatizó el MPI.

:: Brasil registró casi 800 indígenas asesinados durante el gobierno de Bolsonaro (disponible en portugués) ::

Fuerzas Armadas "poco colaborativas"

El informe, titulado "Seguimos sufriendo: un balance de los primeros meses de la emergencia yanomami", recuerda que a principios de año el gobierno comenzó a distribuir canastas básicas de alimentos a las comunidades yanomami, que padecían desnutrición severa. En febrero, la Fundación Nacional de los Pueblos Indígenas (FUNAI) elaboró ??una nota técnica pronosticando la entrega de más de 50 mil canastas en el primer semestre.

La entrega de las canastas estuvo a cargo de las Fuerzas Armadas, que utilizaron aeronaves militares. Sin embargo, solo el 50% del total previsto fue entregado a los indígenas, según reveló un artículo del periódico Agência Pública.

"Esta situación impidió, por ejemplo, que algunas regiones más alejadas recibieran ese apoyo. En este caso, la participación del Ejército dificultó más que ayudó en la ayuda humanitaria", opina el geólogo e investigador del Instituto Socioambiental (ISA) Estevão Senra, que trabaja con los yanomami desde hace una década y brindó apoyo técnico a la producción del informe. Senra considera "poco colaborativa" la postura de las Fuerzas Armadas.

Según lo previsto en el decreto presidencial que inauguró operaciones en el territorio, el rol de las Fuerzas Armadas se restringió al apoyo logístico. Con reacciones violentas de mineros armados, las medidas de represión quedaron entonces a cargo del IBAMA, la FUNAI y la Fuerza Nacional. Hasta la Policía Federal de Carreteras (PRF) fue llamada a actuar dentro del territorio indígena, a cientos de kilómetros de la carretera federal más cercana.

Sin aviones militares para transportar a los agentes, se hizo más difícil reprimir la minería clandestina a lo largo de toda la Tierra Indígena Yanomami, que tiene el tamaño de Portugal. Recién en junio las Fuerzas Armadas fueron autorizadas por el gobierno federal para localizar y arrestar a los invasores.

"Ellos [los militares] tampoco ayudaron con el mantenimiento de las pistas de aterrizaje [dentro de la tierra indígena]. Presentaron una factura muy costosa a la FUNAI para mantener estas pistas. En la pista donde realizaron el mantenimiento, en la región de Surucucu, tardaron meses en terminar las reparaciones. Esto retrasó la construcción del centro de referencia en salud", agrega el geólogo.

Otro punto crítico señalado por el informe fue la falta de coordinación entre los órganos de gobierno, en especial la Casa Civil, encargada de convocar a los diferentes sectores —incluidas las Fuerzas Armadas— para acciones integradas. La falta de un enfoque coordinado dificultó, según el informe de las organizaciones indígenas, realizar acciones conjuntas, priorizar objetivos y garantizar una adecuada atención a las comunidades vulnerables.

:: Militares rechazaron la entrega de canastas de alimentos a los yanomami (disponible en portugués) ::

El "narcogarimpo" es el "mayor temor"

Sin poder precisar la proporción exacta, Maurício Ye'kwana, de la Hutukara Associación Yanomami, afirma que la mayoría de los invasores ya abandonaron el territorio. "Los que resisten ahora son los mineros simples. Lo que nos preocupa son las facciones criminales", dice el líder indígena.

El "narcogarimpo" en territorio indígena yanomami es una realidad conocida por los agentes del IBAMA y de la Policía Federal que actúan en Roraima. Las relaciones entre mineros ilegales y facciones se estrecharon durante el gobierno de Bolsonaro, como resultado del desmantelamiento casi total de las inspecciones ambientales. La extracción de minerales se ha convertido en una forma de obtener ganancias fáciles y lavar dinero para el crimen organizado.

"A medida que crece y se expande a nuevas áreas, la minería recurre a milicias fuertemente armadas asociadas a facciones criminales para poder imponerse y garantizar el control territorial. Como resultado, los yanomami y ye'kwana no pueden moverse libremente por la Tierra Indígena a riesgo de ser asesinados. En ese contexto, las amenazas de muerte y las humillaciones son frecuentes", narra el informe de las organizaciones indígenas.

"Lo que podría pasar en el futuro es que [las facciones] recluten a jóvenes yanomami. Que usen a los indígenas como consumidores de drogas y les ofrezcan grandes armas pesadas. La minería clandestina y el crimen organizado influyen en los jóvenes. Este es nuestro mayor temor", relata Maurício.

:: La falta de acceso a los datos de la ganadería es un obstáculo para la fiscalización ambiental en la Amazonía (disponible en portugués)::

Políticos vinculados a la minería han interferido

El balance semestral de la ayuda a los yanomami recuerda que parlamentarios de Roraima que representan los intereses de los mineros intentaron interferir en la logística de la expulsión. La presión de los políticos logró socavar una estrategia que, según organizaciones indígenas, estaba funcionando: el cierre del espacio aéreo. Una vez prohibida la circulación de aeronaves, las actividades ilegales de mineración se verían rápidamente estranguladas por la falta de insumos.

"La operación 'Escudo Yanomami', sin embargo, solo pudo mantener la restricción total de vuelos de la mineración durante seis días, luego de sufrir presiones de parlamentarios de Roraima asociados al movimiento de mineros", dice el documento. Uno de los políticos es el senador Chico Rodrigues (Partido Socialista Brasileño - Roraima), un notorio defensor de los mineros ilegales en el Congreso. Rodrigues abogó y logró que se permitiera la entrada de aviones privados para evacuar a los invasores. La fuerza aérea abrió tres "corredores aéreos" durante tres meses, para que los mineros pudieran salir espontáneamente.

"Si por un lado esta opción redujo los costos de las acciones de combate a la actividad del Estado, por otro, permitió a muchos financiadores retirar sus equipos de la Tierra Indígena, sin más perjuicios (véase el número total de aeronaves incautadas e inutilizadas) y molestias (con repercusiones, incluso, para las investigaciones sobre las acciones de estos grupos criminales)", afirma el documento elaborado por las organizaciones indígenas.

"Hay rumores de que algunos de los principales 'propietarios' de las minas sufrieron pérdidas tímidas con las acciones y que trasladaron su operación a Guyana, esperando que los esfuerzos para proteger la Tierra Indígena disminuyeran antes de regresar", continúa el informe.

:: 'El llamado de la selva': una médica relata su experiencia y rutina de atención con el pueblo yanomami (disponible en portugués)::

El otro lado

Brasil de Fato contactó a las Fuerzas Armadas, pero no obtuvo respuesta.

Lea una traducción libre al español de la resolución completa del Ministerio de Pueblos Indígenas:

"El Ministerio de los Pueblos Indígenas (MPI) reconoce que aún quedan cuestiones por resolver en torno a la Tierra Indígena Yanomami, pero la reconstrucción del daño que se produjo durante años de abandono lleva algún tiempo. Aún así, podemos decir que el trato dado no solo a los yanomami, sino a todos los pueblos indígenas, ha cambiado para mejor.

La salida de una delegación gubernamental al Foro de Líderes de la Tierra Indígena Yanomami y Ye'kwana en julio, un hecho sin precedentes hasta entonces, es una clara señal de este cambio de trato. Por primera vez en la historia, el Gobierno Federal acudió a un territorio indígena para escuchar de los líderes sus demandas para la elaboración de planes de gestión territorial y ambiental, entre otros pedidos relacionados con el acceso a la salud, la educación y otros derechos.

Una forma de cuantificar este cambio es mirar algunos datos referentes a la Operación Yanomami, que comenzó en febrero y que involucra a 18 órganos del Gobierno Federal en 233 acciones emergenciales y estructurales que se extenderán hasta 2026. Desde el inicio de la acción se han realizado más de 8.200 consultas médicas, en las que han participado 765 profesionales sanitarios, que se han encargado de distribuir más de 3 millones de medicamentos, pruebas y otros insumos sanitarios. Se han distribuido más de 12 toneladas de alimentos.

La acción también se saldó con la expulsión de mineros ilegales de la región y el desmantelamiento de la infraestructura minera, con la destrucción de 76 balsas, la desmovilización de 362 campamentos y más de 50 detenciones. Otro indicio de mejora en esta situación lo dio la Policía Federal, que, en junio, informó que no había más alertas de minería ilegal en la región, algo que no registraba desde el inicio del monitoreo satelital en 2020.

El MPI sigue comprometido con la restauración de la dignidad y la garantía de la integridad de los yanomami y su territorio."